El 5 de septiembre salió un comentario de unos juristas con la intención de criticar el hecho de que altos funcionarios del Estado se vayan del país para eludir las persecuciones de la ¿justicia?
Dicen ellos, palabra más palabra menos, que esas actitudes atentan contra la credibilidad de esta rama del poder público y, que con esas huidas, están dando un mensaje negativo hacia el resto del pueblo, puesto que este en su sana lógica, podrá deducir que si esto están haciendo los que tienen instrucción y medios para defenderse, cuál puede ser el futuro que les espera a ellos que dependerán del defensor público.
Estos señores descubrieron lo obvio; con sus afirmaciones están expresando la realidad del país en cuanto a la confianza que tenemos los colombianos en esta instancia.
Juicios que tardan años en fallarse, sentencias que están en los escritorios de los magistrados durmiendo el sueño de los justos, fallos exagerados para darle gusto a quienes aúpan a esos nuevos protagonistas de la politiquería y en fin una justicia acomodada a los intereses personales antes que a la imparcialidad y objetividad, son un síntoma muy inquietante para el futuro del país.
Ese feudo en el que se convirtió la fiscalía, desde que los señores de altas cortes decidieron sabotear el nombramiento del fiscal y presionar para que dentro de la terna estuviese el de sus preferencias, mejor dicho se tomaron el poder nominador que tiene el primer mandatario y lo supeditaron que sus apetencias tiene sumido al ciudadano en un mar de incertidumbre y terror similar al que viven los colombianos asentados en las zonas de influencia directa del terrorismo de las farc.
Ser llamado a declarar para un colombiano es como si lo llamasen los narcoterroristas a rendir cuentas. La sensación de impotencia y la incertidumbre del regreso libre, son similares. Que tristeza y cuan grave es que ese sentimiento se esté generalizando.
La explicación que dan los que se van para evadir caer en las garras de esta injusticia es la ausencia de garantías, la vemos ratificada por las detenciones arbitrarias de personajes como Luis Alfredo Ramos y muchos otros que están a la espera de que les armen el proceso con base en testigos comprados y, como esto es dispendioso y debe tener algo de coherencia, el montaje del sainete se tarda mucho más de lo presupuestado. Es que esas artimañas deben ser creíbles a los ojos del pueblo y deben tener multiplicidad de testigos que bien entrenados no se contradigan y se aprendan su papel de forma que su testimonio suene auténtico. Es muy demorado que este tipo de personajes con poca preparación tengan el cacumen para aprenderse esto con rapidez. De ahí la tardanza entre la detención y el juicio. Es que el montaje se demora mucho.
Estamos huérfanos de jueces y magistrados, por más que aleguen separación de poderes ahora estamos en un estado de cosas en donde el poder autocrático, está en manos de un solo jugador.